No puede mejorarse aquello que de sí no depende: las actuales herramientas de integración europeas

Por Manuel Velandia

España, mayo 2011

Entre el Consejo Europeo de Tampere y el Pacto sobre inmigración y asilo que se refrendó por los 27 jefes de Estado y de Gobierno el 16 de octubre de 2008 en Bruselas, quedó algo claro y evidente: “la inmigración cero es un espejismo y las migraciones organizadas y reguladas pueden ser una oportunidad porque son un factor de intercambio humano y de crecimiento”, afirma Rafael Ripoll.

Tempere marcó una pauta que sigue vigente, una pauta que con los acontecimientos políticos sucedidos en el último semestre en países africanos, pone en evidencia lo frágiles que pueden ser las legislaciones en cuanto a la integración de los migrantes en la CE.

Las diferencias en las perspectivas frente a los africanos que llegan a Europa están agravando las divisiones entre algunas naciones europeas y poniendo nuevos obstáculos al sueño de una Europa unida. Las políticas italianas han sorprendido a otros países europeos, motivando encuentros y desencuentros entre países y generando posibles cambios en las políticas de inmigración. Llos italianos les han dado a muchos tunecinos permisos de residencia temporales que los habilitan para ir a cualquiera de los 25 países del bloque sin necesidad de visas; como respuesta Alemania y Francia se enfurecieron al comprobar  que muchos de estos llegaron a su territorio para reunirse con familiares. 

Las conclusiones de Tampere introducen cuatro elementos en cuanto a política de inmigración se refiere, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar una política común en materia de inmigración y asilo, si es que realmente se pretende mejorar las actuales herramientas de integración europeas: la colaboración con países de origen; un sistema europeo común de asilo; el Trato justo de los nacionales de terceros países; y, la Gestión de los Flujos Migratorios adoptando dos vías: informar en los países de origen y tránsito de “las posibilidades reales de inmigración legal”, información que tendrá un claro componente disuasorio, y por otro lado la lucha contra la trata de seres humanos.

Su cumplimiento, como lo considera Ripoll, implica “concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la xenofobia”.

Pero el problema no solo radica en la aplicación de las normas establecidas hasta el momento, sino en la imposibilidad real que implica la colaboración con los países de origen dado que allí los problemas económicos y políticos desbordas las posibilidades reales de lo que desde la CU se puede hacer. De nada sirve avisar a los países de las posibilidades reales de inmigración legal”, si las propias condiciones de pobreza absoluta y la situación política obliga a los ciudadanos a desplazarse buscando alternativas económicas y mucho más democráticas. En la medida en que el ciudadano de a pie no logre visualizar el verdadero servicio que presta el inmigrante al desarrollo social, cultural y económico, seguirá presente la xenofobia y el estigma y discriminación que esta genera.