Por Manuel Velandia
España, mayo 2011
Una política nacional o regional que no tiene en cuenta en su proceso de elaboración los directamente implicados y sus necesidades como también las situaciones externas e internas que motivan la inmigración siempre será contemplada por los inmigrantes como vulneradora de sus derechos fundamentales, ya sea que esto ocurra en todo el territorio español o en una comunidad especifica.
Los más recientes procesos migratorios de los países europeos en crisis políticas y por supuesto económicas demuestran que la cooperación internacional es una falacia a la hora de solventar los problemas locales de los países que generan la migración hacia España y la Comunidad Europea en general.
La situación interna que posibilita el "efecto llamada" no lo provoca el cambio en las normas locales sino "la oferta de trabajo ilegal", una oferta que incluso en la actual crisis económica sigue encontrando en los inmigrantes una mano de obra de bajo costo y clandestina que significa no solo la pauperización de dichos trabajadores sino además el incremento del desempleo y afecta la economía por el no pago de impuestos y de aportes a la seguridad social. Como afirmara Josep Borrell "El efecto llamada es la oferta de trabajo ilegal que moviliza a ciudadanos y les hace correr riesgos a través de mafias que hoy tienen una cifra de negocios superior a la del tráfico de drogas"[1].
Se suele considerar que los migrantes están representados por las asociaciones que dicen representarlos, pero la gran mayoría de migrantes no confían en dichas organizaciones como tampoco creen que sea realmente posible una integración si esta se fundamenta en unos cursos que ni permiten conocer la cultura ni muchos menos construir relaciones con los autóctonos dado que estos nunca asisten a dichos procesos integradores.
Una respuesta real a este problema implica un cambio radical en la construcción de políticas, un cambio que implica procesos mucho más democráticos y por tanto mucho más horizontales, un cambio que además requiere trasformaciones significativas en las políticas de los demás países de la comunidad, en el sentido en que lo que suceda en España y al interior de sus comunidades no puede ser ajeno a las normas europeas.
No puede negarse que la Ley de Integración de la Generalitat Valenciana aprobada el 26 de noviembre de 2008 nació con un sentido positivo por cuanto que se trata de una norma de integración global, que hace hincapié en el equilibrio entre derechos y deberes de los extranjeros en la Comunitat Valenciana. Una Ley que señala que la integración implica el reconocimiento de una serie de derechos y deberes que parten de los criterios de convivencia y organización característicos de la sociedad española y valenciana, refrendados por la Constitución Española. Sin embargo España no es la Comunidad Valenciana sino las 17 comunidades autónomas españolas además de Ceuta y Melilla; por tanto, la integración debe ser una prioridad en todas las comunidades dado que alguien que se integra en una comunidad, si es que esto realmente se logra, no se integra en España sino en un pequeño espacio del estado español.
La Ley valenciana establece un modelo global de integración de los cuyo punto de partida es el conocimiento y respeto mutuo dentro del marco constitucional y estatutario. Sin embargo en la práctica tal conociendo mutuo no se da, dado que los mecanismos creados para que ello se cumpla no logra integración que promulgan, en el sentido en que en la forma en que se ejecuta únicamente logra tal integración (si es que realmente esto es así) entre los inmigrantes pues únicamente hay presencia de éstos y no con los españoles pues estos nunca asisten a tales actividades.
